La lucha contra el crimen organizado ha tomado un nuevo giro con la deportación masiva de miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. En un esfuerzo por contener su influencia, El Salvador ha construido una prisión de máxima seguridad con capacidad para albergar a 2,500 reos venezolanos, quienes serán sometidos a un régimen de aislamiento permanente bajo el «Plan Control Territorial» del gobierno de Nayib Bukele.
Estados Unidos también ha tomado medidas drásticas al deportar a 240 venezolanos en tres vuelos fletados desde Texas, aplicando la Ley 1798, una normativa que data de la guerra contra Francia y que solo ha sido utilizada en dos ocasiones en el siglo XX. Estas deportaciones han generado tensiones diplomáticas, ya que varios países de la región han expresado preocupaciones sobre el impacto de la repatriación masiva de criminales en la seguridad interna de Venezuela y sus alrededores.
Interpol ha emitido 90 alertas rojas contra miembros del Tren de Aragua, acusados de delitos como tráfico de personas, narcotráfico y homicidios en al menos 12 países. La organización criminal ha expandido su influencia en toda Sudamérica, operando con células activas en siete estados venezolanos y manteniendo vínculos con redes delictivas en otros territorios. El fortalecimiento de los controles fronterizos en la región será clave para contener su expansión y evitar un resurgimiento de su estructura criminal en otros países.
